JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 





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AGOSTO 1993

ENGLISH ABSTRACTS INSIDE ISSN 0213-8646

Editorial

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EL RECORTE PRESUPUESTARIO EN EDUCACION

Mientras que durante el período 89-91 se produjo un incremento de las asignaciones presupuestarias para educación, pasando de un 4,41 % (1989) a un 4,66 % (1991) del Producto Interior Bruto, el presupuesto de 1992 marcó el inicio de un descenso en la tasa de crecimiento (4,55 % del PIB), que ha tenido su continuidad en la fuerte desaceleración que se observa en el de 1993 (4,26 % del PIB).

Con estos presupuestos casi todas las partidas destinadas al sistema educativo sufren restricciones. Con ellos se dificulta la aplicación de la reforma educativa, pues sin dinero no es posible desarrollar con dignidad la LOGSE; a este respecto cabe destacar que la educación infantil y primaria, donde se ha comenzado el proceso de implantación de la reforma, crece por debajo de la media del presupuesto y por debajo de la inflación.. Con los citados presupuestos se hace inviable, en condiciones de calidad, la reforma de los planes de estudio en la Universidad: la pretensión de implantar los nuevos planes con "coste O" paraliza las reformas en curso. Con ellos se congelan las plantillas, ya de por sí insuficientes, cuestión que afecta especialmente al campo de las enseñanzas universitarias, donde un crecimiento de tan sólo el 0,89 % hace imposible la necesaria política de crecimiento de personal (PAS y profesorado) para los nuevos planes de estudio. Otro tanto ocurre con los salarios, que por su dimensión cuantitativa continúan siendo, a pesar de los logros conseguidos, un símbolo de la desconsideración social que ha sufrido y sigue sufriendo el profesorado: los presupuestos de 1993 congelan de hecho los salarios de 1992 y, con ello, las aspiraciones de mejora de los profesores. Con ellos se recortan también los gastos en inversiones, que decrecen en el presente ejercicio un 14,65 %, reducción que afecta especialmente a la Junta de Construcciones y Equipamientos Escolares, que sufre un descenso del 16,34 % en las dotaciones para inversiones nuevas y de reposición. Con ello se ponen en evidencia las dificultades para poner en práctica la política de equipamientos, necesaria para la nueva educación secundaria prevista por la reforma, o para resolver el gravísimo problema de espacio y de masificación que sufre la Universidad, como puede ejemplificarse de forma significativa con el caso del Campus zaragozano. Con estos presupuestos se prosigue, por citar un último ejemplo, con una política restrictiva en investigación científica, técnica y aplicada, de manera que hoy se invierte en este campo menos que en 1991.

Somos conscientes de que son necesarias medidas de austeridad. Sabemos que estamos ante unos presupuestos de tiempos de crisis. Pero de la misma forma que los presupuestos de 1993 mantienen su generosidad en el capítulo destinado a la creación de infraestructuras, debieran haber sido generosos con el sistema educativo. Es más, creemos que hay que incrementar el esfuerzo inversor en educación, aún en detrimento de otras partidas, pues la educación es un elemento estratégico fundamental para la modernización y el progreso de España. Si queremos atender de manera adecuada la educación infantil, reduciendo de modo progresivo la edad de escolarización gratuita, si queremos que la educación primaria, aún sin negar sus notables mejoras, supere sus innegables deficiencias y se homologue con la existente en nuestro entorno comunitario, si queremos una enseñanza secundaria de calidad en todos sus niveles, si queremos acabar con la masificación de la Universidad, que impide que las enseñanzas allí impartidas tengan un mínimo de la calidad requerible, si queremos ..., es necesario luchar para que, a comienzos del siglo XXI, la asignación presupuestaria pública destinada a educación se eleve hasta alcanzar la media de la OCDE, que supera el 6 % del Producto Interior Bruto. Y si queremos potenciar nuestra política de investigación, para alcanzar la convergencia con la Comunidad Europea, hemos de situar nuestro gasto público en este sector en el 1 % del PIB, al margen de aplicar las necesarias medidas de apoyo fiscal a las empresas que invierten en investigación y nuevas tecnologías.

Repetimos que somos conscientes de que vivimos en tiempos de crisis. Y por ello podríamos aceptar una política de moderación del gasto. Pero lo que no parece de recibo es su recorte. Estamos a favor de un aumento que, aunque con la necesaria contención que exige el momento, sea progresivo, de forma que garantice, en un horizonte próximo, el del siglo XXI, un sistema educativo de calidad.