JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 





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AGOSTO 1995

ENGLISH ABSTRACTS INSIDE ISSN 0213-8646

Editorial

Recientemente ha sido aprobado un nuevo Decreto referido a la Educación Especial, que deja sin vigor al promulgado en 1985, el cual permitió que un elevado número de niños discapacitados fueran integrados en colegios ordinarios (según fuentes del propio Ministerio de Educación, 26.786). Dada la importancia que puede tener el conocimiento de este nuevo precepto legal, tanto para el profesorado, como para los Equipos Psicopedagógicos y, sobre todo, para los padres y madres, nos ha parecido conveniente dedicar este Editorial a realizar algunos comentarios sobre el mismo.

Desde nuestro punto de vista, lo más positivo de este Decreto es el haber incluido en el mismo la problemática de la formación profesional y de la escolarización en secundaria de los niños discapacitados, como asimismo las particularidades psicopedagógicas de los niños superdotados. Sin embargo, contiene otros aspectos muy regresivos en relación con el Decreto anterior, que pasamos a analizar a continuación.

En primer lugar, parece increíble que a estas alturas se haga una división tan simplista y radical de los alumnos objeto de Educación Especial en "niños con necesidades educativas especiales permanentes y temporales", olvidando criterios clasificatorios mucho más científicos y rigurosos que cualquier especialista del tema conoce bastante bien. Pero todavía resulta mucho más grave que se afirme que cuando los niños con necesidades educativas especiales permanentes necesiten adaptaciones curriculares significativas puedan ser escolarizados en colegios específicos (art. 19). No hay que ser muy expertos para saber que si la anterior consideración se llevara a la práctica, la mayor parte de niños discapacitados escolarizados actualmente en colegios ordinarios tendrían que pasar a colegios específicos.

Pero no es eso lo peor. Lo más grave del caso es el modo contemplado en dicho precepto para dictaminar quiénes, cómo y cuándo los niños discapacitados deberán ser escolarizados en unos o en otros colegios. En varios artículos se dice que será la administración educativa quien tomará esa importante decisión, a tenor de los informes emitidos por los equipos psicopedagógicos, a través de las Comisiones de Escolarización constituidas en todas las Direcciones Provinciales (art. 14), dejando a las familias la única posibilidad de ser informadas. No obstante, en el punto segundo de dicho artículo se deja a las familias la posibilidad de elegir de entre el menú que les ofrezca la Administración.

Independientemente de que los Equipos Psicopedagógicos no están preparados para llevar a cabo esa misión, ni disponen de los recursos indispensables, ni mucho menos de las condiciones laborales para realizar su trabajo adecuadamente (y, obviamente, mucho menos esas Comisiones de Escolarización), el Decreto olvida el papel decisorio que en este tema deben tener los padres y madres. Desgraciadamente, en nuestro país no existen todavía sentencias judiciales evacuadas por el Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Sin embargo, en otros países de nuestro entorno socio-cultural todos los tribunales de justicia constitucionales han fallado a favor del derecho de los padres cuando ha habido conflicto entre las decisiones de las administraciones educativas y los deseos de las familias.

Por lo que se refiere a la nueva configuración que se da a esos Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el Decreto nos retrotrae a épocas muy pretéritas en las que había dos tipos de equipos (uno para los colegios ordinarios y otro para los colegios específicos de Educación Especial), olvidándose de las funestas consecuencias que ello tuvo, sobre todo por las contradicciones en los etiquetamientos y en las orientaciones dadas para un mismo niño y, naturalmente, por la desilusión que tales contradicciones causaban en los padres y madres. Así, por ejemplo, el artículo 8.4 dice que habrá tres tipos de equipos: de atención temprana, generales y específicos, cuyas funciones se superponen entre sí claramente.

Otros dos datos que nos retrotraen a épocas que ya pensábamos que estaban superadas son los siguientes:

A)    Se abre la puerta para la creación de aulas especiales en los colegios ordinarios de Educación Secundaria (art. 15.5), a pesar del ímpetu con que el mismo gobierno que promulga este Decreto cerró las existentes hasta el momento en que sus mandatarios llegaron al poder en 1982.

B)    El gobierno se compromete a elaborar, en el plazo de un año, un currículo especial para los alumnos deficientes mentales severos y profundos, con plurideficiencias y con trastornos graves de la personalidad vinculados a psicosis y autismo (disposición final segunda), olvidando, también en este caso, que ese currículo fue elaborado y publicado por los gobiernos anteriores al socialista y que los actuales mandatarios de Educación lo finiquitaron de forma fulminante cuando llegaron al poder.

Por último, no queremos terminar estos comentarios sin mencionar algunas declaraciones de intenciones contenidas en el mencionado Decreto, pues el conocimiento de las mismas permite intuir bastante claramente por donde iría la escolarización de los niños discapacitados en los próximos años, en el caso de que en las próximas elecciones generales triunfara el mismo partido político que ha elaborado este Decreto.

En el artículo 13 se dice que la escolarización de estos niños en la etapa de Educación Infantil se llevará a cabo en centros ordinarios, pudiéndose hacer en un centro de educación especial sólo en casos excepcionales y previo informe motivado. En el artículo 14 se dice que la escolarización en la Educación Primaria de los niños con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad se llevará a cabo en los centros que les corresponda a tenor de la legislación vigente, aunque las decisiones adoptadas tenderán a lograr una integración efectiva de dichos alumnos. En el artículo 15, que hace referencia a la Educación Secundaria, se dice que el Ministerio de Educación y Ciencia llevará a cabo la planificación necesaria para que los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes que hayan sido escolarizados en centros ordinarios de Educación Primaria continúen su escolarización al concluir este nivel en la Educación Secundaria Obligatoria. En el artículo 16, que se refiere al Bachillerato y a la Formación Profesional Reglada, se dice que el Ministerio de Educación y Ciencia velará para que este tipo de centros cuenten con los medios personales y materiales necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria puedan proseguir sus estudios.